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Sindicatura Solicita Juicio Político Contra el Ex Alcalde Astiazarán

AlfaMedios.com 30 de Diciembre de 2017

registro público denunciaEditores AlfaMedios.com “La actual sindicatura quiere cuentas claras, digamos que este puede ser el comienzo de un ejercicio que es el sueño de todo ciudadano, hacer un auditoria al anterior representante (haya estado en cualquier cargo de elección popular), para que todos estén tranquilos de que sus bolsillos no se hayan llenado de más ó ilícitamente”.

Tal parece que tiene los pelos en la mano, puesto que está ofreciendo las pruebas que emite el RPP con no. de partida 5811158, donde claramente dice “Contrato de Donación” así como la denuncia correspondiente para el Ex Alcalde Jorge Aztiazarán y los regidores Martín Plascencia Ávila, Omar Avisaid Sarabia Esparza, Martha Rubio Ponce, Jorge Alfredo Guadalupe Escobar Sanchez integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos pertenecientes al XXI H. Ayuntamiento de Tijuana.

Tijuana Baja California: La Síndico Procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde y el Consejero Jurídico, Leonardo Martínez Delgado, presentaron ante oficialía de partes del Congreso del Estado, una denuncia de juicio político en contra del ex alcalde Jorge Astiazarán Orcí y cuatro ex regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo del XXI Ayuntamiento, por la venta indebida de un terreno.

Guzmán Valverde, especificó que el 2 de diciembre del año 2010, el Gobierno del Estado, por conducto de la Oficialía Mayor, donó al XX Ayuntamiento de Tijuana, un predio de 118 mil 476 metros cuadrados “con reserva de dominio”, es decir que sólo podía ser utilizado para fines relacionados con Seguridad Pública y Deporte, de los cuales 2 mil 894 metros cuadrados fueron vendidos a un particular por la anterior administración municipal.

El predio se encuentra en la Delegación La Mesa, sobre el bulevar Rosas Magallón, a un costado de una lanzadera desindico ok unidades de transporte público de pasaje.

“A pesar de esta reserva, el 15 de febrero de 2016, en la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, dictaminaron desincorporar el inmueble para proceder a su venta y el 17 de febrero del mismo año en pleno del Cabildo, procedieron a la desincorporación del predio y posteriormente lo vendieron por 4 millones 077 mil 761 pesos, el día 15 de julio de 2016, a través de un contrato de compra-venta, protocolizado ante el Notario Público número quince de la ciudad de Tijuana”, detalló la Síndico Procuradora.

denuncia congresoEn el contrato de compra-venta notariado, en la cláusula 17, el ex alcalde Astiazarán, asentó bajo protesta de decir verdad, que el predio en venta no contaba con gravamen, embargo ni licitación de dominio, pese a que de acuerdo al Registro Público de la Propiedad, sí existía el impedimento de “reserva de dominio”.

Comentó que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, que han sido denunciados junto con el ex alcalde, son: Los ex regidores Martín Plascencia Ávila, Omar Abisaid Sarabia Esparza, Martha Rubio Ponce y Jorge Alfredo Guadalupe Escobar Sánchez.

Otro integrante de dicha comisión, Luis Felipe Ledezma Gil, no fue denunciado, pues no firmó el dictamen que permitió la venta del predio.

El Consejero Jurídico, informó que en los próximos días se presentará la denuncia penal ante el Ministerio Público del Fuero Común, ya que podría configurarse un delito, debido a que la venta del referido predio puede derivar en un daño patrimonial al Ayuntamiento.

“Es una situación delicada, toda vez que Gobierno del Estado podría solicitar la devolución del predio, pues fue donado única y exclusivamente para fines deportivos y de seguridad pública”, reiteró Martínez Delgado.

La Síndico Procuradora, explicó que se procedió a la demanda de juicio político contra los implicados, ya que el artículo 9 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, establece que es procedente cuando en el ejercicio de sus funciones los servidores públicos, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y/o atenten contra el patrimonio del estado o municipio.

Afirmó que la actual administración tenía hasta el 30 de noviembre, de acuerdo de la Ley, para denunciar a anteriores funcionarios, y una vez presentada la solicitud de juicio político, el Congreso del Estado tiene 30 días para dar una respuesta.

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